El Supremo estima el recurso de las asociaciones de jueces por la carga de trabajo y devuelve la causa a la Audiencia Nacional 04 de octubre de 2021 Noticias LABORAL Los recurrentes son las asociaciones APM, JpD, AFV y FJI. La primera vez que examinó esta demanda, la Audiencia Nacional dictaminó la falta de competencia del orden jurisdiccional social
El Supremo archiva la querella de Podemos contra Díez Picazo por no ser competente 26 de octubre de 2018 Jurisprudencia Falta de competencia La querella presentada por el Partido Político Podemos estaba dirigida contra el Presidente de la sala de lo contencioso-adminitrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo Giménez, por el presunto delito de prevaricación.
El juez rechaza la pretensión de ADICAE de que Bankia devuelva la inversión en preferentes 21 de febrero de 2017 Jurisprudencia PREFERENTES Las irregularidades en la comercialización de las preferentes se deberán plantear en acción individual no a través del planteamiento abstracto de una acción colectiva. La sentencia deja abierta la posibilidad de que los consumidores obtengan la restitución de lo invertido si ejercitan las acciones individuales, circunstancia que existía desde que el juzgado declaró su falta de competencia objetiva para conocer de la misma.
EL TC anula parcialmente la Ley valenciana 5/2012, de uniones de hecho formalizadas 23 de junio de 2016 Noticias Parejas de hecho La competencia autonómica para la “conservación, desarrollo y modificación del Derecho civil foral valenciano” requiere la existencia, con carácter previo a la entrada en vigor de la Constitución, de un régimen consuetudinario de las uniones de hecho formalizadas, lo que no se sucede en el caso de la Comunidad Valenciana y determina su falta de competencia en la materia.
El TS rechaza la impugnación por la Generalidad del acuerdo del Gobierno para impugnar sus actuaciones el 9 N 16 de diciembre de 2014 Noticias Cataluña La Sala desestima la pretensión por falta de competencia, pues esta corresponde al TC. Por otra parte, la pretensión de la Generalidad "daría lugar al resultado absurdo de situar en órganos y jurisdicciones diferentes la misma decisión sobre la conformidad a Derecho de un acuerdo del Consejo de Ministros, que se limita a solicitar del Tribunal Constitucional la instauración de un proceso específico".
La interpretación jurisprudencial del criterio de afectación general en el recurso de suplicación. 13 de junio de 2012 Artículos doctrinales Recurso de suplicación El artículo 191 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS) determina el ámbito de aplicación del recurso de suplicación con ciertas aunque no profundas modificaciones al anterior artículo 189 del Texto Refundido de la Ley 271995, de 7 de abril, de Procedimiento Laboral (en adelante LPL). Junto a la cuantía mínima de acceso al recurso que pasa de 1.800 a 3.000 euros, aparecen señalados cambios en cuanto a la recurribilidad de los autos y en lo referente al régimen de excepciones. Es respecto a esta materia en la que el punto 2 del citado artículo establece un nuevo régimen de excepciones en el que se equiparan, a efectos de suplicación, todos los supuestos de extinción del contrato con el despido, y se incluyen como recurribles: los procedimientos de subsanación de la mediación cuando ésta sea obligatoria, aquéllos que impugnen la falta de competencia territorial y funcional, los procedimientos de oficio, y los recursos de impugnación de resoluciones administrativas cuando la cuantía no sea susceptible de determinación económica o, de serlo, supere los 18.000 euros.
Momento de determinación de la competencia territorial en el juicio monitorio. Problemas prácticos 01 de octubre de 2007 Artículos doctrinales PROCESO MONITORIO La cuestión práctica sobre la que versa el presente trabajo radica en intentar resolver si admitida a trámite una petición de juicio monitorio en la que por parte del peticionario se indica el domicilio del deudor, cabe posteriormente que el juzgado declare su falta de competencia en base a la diligencia negativa de requerimiento practicada en dicho domicilio y posterior indicación por parte del demandante o peticionario del conocimiento de un nuevo domicilio.